Apenas quedan 130 días para que concluya la prórroga de seis meses que Bruselas dio al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), al que acudieron 69 empresas españolas para pedir la financiación que no obtenían de ninguna otra manera para poder sobrevivir, en concreto solicitaron 5.345,4 millones de euros. Una pequeña cantidad si se tiene en cuenta que este fondo, dotado con 10.000 millones de euros, podría haberse ampliado.
Millones de folios analizados
El procedimiento que sigue la SEPI para garantizar que las empresas que acuden al fondo de solvencia son viables, estratégicas y tienen capacidad de repago es muy complejo. Se hace una due dilligence de cada compañía, auditoría que hay quien cree que es más exhaustiva que las que acompañan a un proceso de compra corporativo. Es otro de los motivos de los retrasos que alega la SEPI para unas ayudas cuyo periodo de tramitación se fija en seis meses (aunque el contador puede detenerse cuando la entidad pública reclama más información, y depende también de la diligencia del solicitante para entregar la documentación), además de la acumulación de expedientes, que se produjo por olas.
En lo que más se fijan los informes financieros y jurídicos es en que “la compañía sea viable, en que pides el dinero que necesitas y que se puede cumplir el plan de viabilidad que presentas. De hecho, cada mes se vigila el cumplimiento de ese plan”, señalan fuentes de Ávoris, a la que ha concedido préstamos por valor de 320 millones de euros a devolver en seis años.
Según los consultores consultados, demostrar la condición de empresa estratégica y que con los créditos públicos va a ser capaz de remontar su situación y, por tanto, de devolverlos, son los puntos críticos. También han de acreditar que no disponen de otra fórmula para obtener el capital que necesitan, ya que se trata de un fondo de último recurso al que solo pueden acudir compañías a las que la covid haya dejado en una situación patrimonial complicada (sin pérdidas en 2019).
En el caso del Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por la Pandemia de Cofides, pensado para empresas medianas que no han de ser estratégicas para la economía, el procedimiento es muy similar, según el director general de la entidad, Rodrigo Madrazo. Estas ayudas no han de ser aprobadas por el Consejo de Ministros sino por un comité interministerial, que resulta más ágil. El plazo de tramitación de los expedientes es de tres meses. En opinión de la SEPI, se trata de operaciones más sencillas debido al menor tamaño y complejidad de las compañías.
El ejecutivo de Cofides, donde actualmente entran unas ocho peticiones mensuales, cree que este instrumento podrá ampliar su duración más allá del 30 de junio, pues estima que el flujo de solicitudes va a continuar.
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