Cuatro yates, un amarre de barco y 29 inmuebles. Los 34 bienes de oligarcas cercanos al presidente ruso Vladímir Putin incluidos en la lista de sancionados de la Unión Europea que se han localizado en España se concentran a lo largo de toda la costa mediterránea, con especial incidencia en Cataluña, según datos de la investigación a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En esta comunidad, se han localizado un total de 14 inmuebles, de los que 11 están en la provincia de Girona y los otros tres, en la de Tarragona. En esta última provincia, además, un juez ordenó el 4 de abril el embargo de un yate valorado en más de 100 millones de euros y en el puerto de Barcelona había sido inmovilizada una segunda embarcación de lujo dos semanas antes.
Congelación de activos financieros y limitación de saldos
Las entidades financieras están obligadas a rastrear entre los titulares de sus depósitos y activos la presencia de personas o entidades que figuren en la lista de sancionados de la UE para, en caso, de localizar alguno, bloquearlos. “Por ahora no ha habido muchos casos”, afirman fuentes del sector que no se atreven a cuantificar el número. “Cada entidad conoce sus datos y se los comunica al Tesoro Público y al Sepblac [Servicio de Prevención de Blanqueo, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos]”, explican. Las entidades deben inmovilizar los depósitos e, inmediatamente, informar a este organismo mediante un correo electrónico con el asunto “congelaciones”. Fuentes del ministerio han declinado concretar la cifra de activos financieros presuntamente vinculados a oligarcas cercanos al presidente Vladímir Putin que han sido congelados en España.
No obstante, las obligaciones de control de las entidades financieras van más allá de las personas que figuran en el listado de sancionados y abarca también a los ciudadanos rusos o de otras nacionalidades que residan en aquel país y a las sociedades y organismos allí establecidos aunque no figuren en la lista de sancionados de la UE. En ese caso, sus depósitos no pueden superar los 100.000 euros. También se les impide la adquisición de valores, añaden las fuentes consultadas. “Este tipo de rastreos se hace de manera automatizada desde hace años”, señalan estas fuentes, que recalcan que anteriormente se ha hecho con sospechosos de terrorismo o dirigentes de otros países sancionados.
Una herramienta clave para ellos es al llamado Fichero de Titularidades Financieras, un registro centralizado, existente desde 2016, que se nutre con los datos que las entidades financieras están obligadas a facilitar sobre los titulares, tanto físicos como jurídicos, de cuentas corrientes, de ahorro y depósitos, así como contratos de alquiler de cajas de seguridad y cuentas de pago en criptomonedas. Este fichero fue creado para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
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