El futuro del patrimonio de los dos empresarios que cobraron comisiones millonarias por vender material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante lo peor de la pandemia, Luis Medina y Alberto Luceño, se encuentra en manos del magistrado Adolfo Carretero. El juez de instrucción de Madrid no solo ha admitido a trámite la querella interpuesta contra ellos por la Fiscalía Anticorrupción por delitos de estafa y blanqueo, sino que además estudia ahora si embarga los bienes de lujo que ambos adquirieron con el dinero que obtuvieron de esa operación, según detallan fuentes conocedoras de la investigación.
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